En los últimos días, hemos sido testigos de dos casos preocupantes que han generado indignación en la sociedad dominicana. Por un lado, la clausura del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagogías Kongland, dirigido por Elizabeth Silverio, por violación a la Ley de Salud 42-01. Por otro lado, la situación de los padres que tenían a sus hijos en dicho centro y que ahora se enfrentan a la difícil realidad de no encontrar un lugar donde dejar a sus hijos para recibir la atención especializada que necesitan.
Es lamentable constatar cómo la falta de control y supervisión por parte del Estado permite que personas sin los debidos títulos y certificaciones ejerzan en áreas de vital importancia como la salud y la educación. En el caso de Elizabeth Silverio, las acusaciones de haber falsificado títulos de posgrados y doctorados han dejado en evidencia la vulnerabilidad de los pacientes que confiaron en sus servicios.
Sin embargo, la indignación va más allá de estos casos específicos. Nos preocupa la indolencia del Estado y del Ministerio de Educación al no garantizar lugares adecuados donde los niños especiales puedan recibir la ayuda y atención que necesitan. Los padres, que ya se enfrentaban a múltiples desafíos en el cuidado de sus hijos, ahora se ven en una situación aún más difícil al no encontrar alternativas para continuar su proceso de mejora.
Es responsabilidad del Estado garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a una educación inclusiva para todos los ciudadanos, especialmente aquellos que presentan necesidades especiales. La falta de espacios disponibles y la ausencia de políticas claras y efectivas para la atención de estos casos demuestra una preocupante negligencia por parte de las autoridades.
Es fundamental que el Ministerio de Educación y otras instituciones pertinentes tomen medidas inmediatas para solucionar esta problemática. Se deben establecer convenios con centros especializados, promover la formación de profesionales en el área de educación especial y brindar apoyo y recursos a las familias que se encuentran en esta situación.
La sociedad dominicana no puede permitir que los derechos y el bienestar de los niños especiales sean pasados por alto. Es hora de exigir un compromiso real por parte del Estado y de todas las instituciones involucradas para garantizar la atención y el desarrollo integral de estos niños. Solo a través de una educación inclusiva y de calidad podremos construir un futuro más justo y equitativo para todos.
Esperamos que estas situaciones sirvan como llamado de atención y motiven a las autoridades a tomar acciones concretas para brindar soluciones y apoyo a las familias afectadas. La sociedad dominicana debe unirse en defensa de los derechos de los niños especiales y no permitir que la indolencia y la falta de compromiso sigan prevaleciendo en nuestro país. Es hora de actuar y hacer valer la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos, sin excepción.
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